Los centros malagueños les impidieron usar el nombre que pedían, cambiar de cuarto de baño y de uniforme. Dos de ellos ya han anunciado que rectifican
La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación contra tres colegios de Málaga, dos concertados religiosos y uno público, que han mostrado reticencias a atender la solicitud de los padres para que respeten la identidad de género de sus hijos. Los progenitores piden que los niños, transexuales de seis, ocho y nueve años, sean llamados en clase con el nombre del género con el que se identifican, que puedan vestir ropas o uniforme masculino o femenino (según su identidad sexual) y elegir qué aseo utilizan.
El caso ha llegado a la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y la discriminación sexual de género, Flor de Torres. La fiscal confía en que el asunto se resuelva sin que tenga que interponer una denuncia. “Si apreciamos que hay un delito de discriminación mi obligación es denunciar, pero antes intentamos mediar por si existe solo una falta de entendimiento”, señala Torres.
En efecto, dos de los tres centros en los que ha puesto el foco han comunicado a los padres en las últimas horas que aceptan el cambio de tratamiento para sus hijos. Aunque uno de ellos, un centro público en el que el niño de nueve años esperaba empezar una nueva etapa lejos de las burlas a las que fue sometido en su antiguo colegio, ha pedido a los padres que no lo lleven hasta el lunes. El tercer centro, un concertado de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria de Málaga, dependiente del obispado, sigue sin aceptar que la niña de seis años aparezca en las listas escolares con nombre femenino, pueda llevar falda, usar los baños de chicas y sea tratada como una niña en todas las actividades del centro.
“Mi hija me pregunta todos los días: ‘Mamá, ¿está arreglado ya?”
La madre fue citada el martes en el colegio para reunirse con el orientador, al que la fundación diocesana ha pedido un informe. La niña ya cursó primero de Primaria el año pasado en este centro, en el que estudió su madre y al que también acuden sus dos hermanos. La pequeña quería que le llamaran con nombre femenino completo, pero se conformó con un diminutivo neutral. Peor llevaba que los profesores la consideraran un niño y no le permitieran vestir el uniforme femenino. A final de curso, la madre habló con la dirección y le dieron el visto bueno a que, a la vuelta del verano, la pequeña fuera una niña más en su clase. Pero a principios de septiembre, cuenta la mujer, le comunicaron que la fundación exigía una orden judicial para aceptar este cambio y garantizar la protección del menor.
“¿Por qué mi hija necesita una orden judicial y los demás no?”, se queja la madre, que lamenta la “falta de visibilidad” de los menores transexuales. “Mi hija me pregunta todos los días, “mamá, ¿está arreglado ya?”. Estaba ilusionada con poder por fin vestir falda, se ha comprado una diadema, una mochila rosa. Yo querría que fuera más discreta, pero es exacerbadamente femenina. Los psicólogos dicen que es una forma de reafirmar su identidad”, explica.
La Junta de Andalucía confía en que el conflicto se resuelva pronto. “Queremos formar parte de la solución del problema y contribuir a la defensa de los derechos y el bienestar de los niños y niñas en los centros”, señala un portavoz de la Consejería de Educación.
Normalmente, estos casos se resuelven con un acuerdo entre las familias y la dirección de los centros. Este año, 12 familias que buscaron la ayuda de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA)presentaron en sus colegios una petición amparada por esta asociación y firmada por los sindicatos CC OO, UGT, USTEA y la confederación andaluza de asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas.
Las peticiones se presentaron en centros públicos y concertados de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Almería y Málaga, pero solo los tres registrados en esta última provincia fueron rechazados. Los padres creen que las reticencias han venido por parte de la Inspección educativa de Málaga porque así se lo han comunicado las direcciones de algunos centros.
Los inspectores solo suelen actuar cuando no hay acuerdo entre los colegios y las familias. De lo contrario, asegura fuentes de la Junta, no intervienen. Tras la petición de información formulada por la fiscalía, la Inspección andaluza envió este miércoles un escrito en el que fija las pautas que los inspectores deben recomendar a los centros. La primera, adecuar la documentación interna del colegio (las listas de clase, el boletín de notas, el carné de estudiantes) considerando el género con el que se siente identificado el alumno. Además, sugiere que el profesorado se dirija a ellos con el nombre que acuerden las familias y los menores; que cuando se hagan actividades en grupo se tenga en consideración el género con el que el alumno se identifica; y que se reconozca o se acepte la posibilidad de vestir ropa o uniforme femenino o masculino, en función de la identidad sexual.
Estas directrices coinciden con la petición de las 12 familias que han llevado su solicitud a los centros. Reclamaban también que los menores pudieran usar los aseos de niños o niñas o que, si lo piden, se les permita acceder a “unas instalaciones adecuadas” para él o ella, un asunto que consideran “fundamental” y que en California acaba de ser regulado por ley.
Todo esto es lo que le han prometido a partir del lunes al niño de nueve años. Lleva sin ir a clase tres semanas. Empezó el curso feliz en su nuevo colegio, un centro público de Málaga. “En el otro cole estaba siempre solito, sentado en un escalón”, cuenta su madre. En el nuevo centro, en unas horas el menor ya tenía amigos y todos le llamaban por su nombre masculino. “Estaba contentísimo”, asegura la madre.
Pero cuatro días después de empezar las clases, la directora, que había dado el visto bueno a la petición de la familia antes de matricular al pequeño, le comunicó que el inspector había vetado que se le tratara como un niño y le obligaba a llamarle por el nombre con el que le registraron al nacer. La familia, asesorada por psicólogos, optó por no llevarle al colegio hasta que no hubiera una solución para evitar que se sintiera de nuevo rechazado. La directora llamó ayer a la madre para decirle que el lunes el menor podrá volver a clase con su nombre masculino. “Estoy deseando ir al colegio y mira que es raro que un niño diga eso”, dice el pequeño al otro lado del teléfono.
La Asociación de Transexuales de Andalucía ha amparado las peticiones de los padres y aboga por que los centros garanticen el libre desarrollo de la personalidad de los niños. De lo contrario, señala su presidenta, Mar Cambrollé, estarán “discriminándolos por su identidad de género y vulnerando sus derechos”. ATA ha enviado a la Junta una propuesta para consensuar el tratamiento que deben recibir en el colegio los niños transexuales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario